Colegio Médico del Uruguay

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Médicos, academia y autoridades nacionales abordaron límites éticos de las certificaciones

| Consejo Regional Montevideo

El Colegio Médico organizó una mesa redonda que trató el tema a nivel de la práctica profesional y las sanciones legales.

En las últimas semanas, el Banco de Previsión Social (BPS) denunció el elevado gasto como consecuencia de un número de certificaciones crecientes, lo que motivó al Colegio Médico del Uruguay (CMU) a realizar una mesa redonda para abordar el tema.

La jornada, denominada “Certificaciones médicas y la ética profesional” fue organizada por la Regional Montevideo, y se centró las ponencias del doctor Hugo Rodríguez, director del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República e integrante del Tribunal de Ética del Colegio Médico del Uruguay; el doctor Fernando Tomassina, decano de la Facultad de Medicina y director del Departamento de Salud Ocupacional; y el doctor Juan Errandonea, asesor jurídico del Colegio Médico del Uruguay. El encuentro contó con la asistencia del doctor Gustavo Grecco, en nombre del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), y de la doctora María del Rosario Oiz, en representación del BPS.

Durante su exposición, Rodríguez indicó que la certificación es un motivo de preocupación permanente para la cátedra que dirige, por los problemas éticos y legales que genera en la práctica. “Otro tema importante es que los médicos estamos sometidos a una fuerte presión social para que certifiquemos hechos que no nos constan”, señaló en relación a los frecuentes casos de solicitud de informes para justificar ausencia laboral o a nivel educativo.

Errandonea, en tanto, repasó las consecuencias penales de una certificación que no es veraz y que está específicamente establecida como un delito de falsificación ideológica con pena de prisión. En el plano ético, apuntó que también hay sanciones y que la acción está regida por el Código de Ética Médica, que establece como falta la realización de informes falsos o tendenciosos y de certificados por complacencia con el paciente.

“Entendemos que no se trata solamente de reprimir las eventuales conductas individuales, sino que debería abordarse un cambio del sistema de contralor que está teniendo el BPS en este momento”, indicó.

La mesa expuso también los desafíos de la certificación, que por un lado exige revelar información sobre la enfermedad o condición particular del paciente, al tiempo que demanda preservar la intimidad de las personas y dotar de confidencialidad al documento.

Desde la óptica de la Medicina Laboral, Tomassina explicó que en el acto de certificar, y por tanto avalar que se acceda a un beneficio social como la licencia por enfermedad, el médico debe decidir los días necesarios para la recuperación sopesando la relación entre el estado de salud de la persona o la enfermedad que está transcurriendo y las demandas psicofísicas de su trabajo.

“El trabajo es una actividad central en la vida de los individuos, y por tanto debemos pensar tiempos de baja acordes a la rehabilitación pero no prolongados. El trabajo también oficia como un promotor de salud, bienestar y es un integrador social”, acotó.

Otro componente señalado por la mesa fue la certificación como fuente de datos importante para las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que pueden mejorar o plantear políticas de prevención cuando aspectos vinculados a enfermedades ocupacionales son identificados a partir de la información epidemiológica, por ejemplo, cuando se repite una baja de causa médica en una determinada área de trabajo.

El doctor José Minarrieta, presidente del Consejo Regional Montevideo del CMU, indicó que el tema de las certificaciones y su vinculación con aspectos éticos del ejercicio profesional resultan prioritarios para el Colegio. “Esta actividad busca vincular a todos nuestros asociados con una situación que requiere ser discutida y abordada con responsabilidad y cuidado, pensando siempre que la certificación debe estar relacionada con una necesidad concreta y real del paciente para su recuperación, y no limitarse a ser un trámite administrativo”, afirmó.

Por su parte, la doctora María del Rosario Oiz, directora del BPS, destacó el aporte que genera el debate entre autoridades, academia y médicos y señaló que “el resumen más importante de esta actividad es que estamos todos de acuerdo con que el sistema es bueno y que hay que consolidarlo y profundizarlo”. Dijo que esa profundización pasa por fortalecer la formación e información que se brinda a los actores, para que se comprendan todos los aspectos de las certificaciones y cuál es el impacto que generan.

En la misma línea, el doctor Gustavo Grecco, del SMU, señaló que los participantes coincidieron en que este es un tema “problemático” y que los médicos necesitan mayor formación e información, además de contar con las herramientas necesarias para realizar certificaciones. “Cuando nos juntamos todos nos damos cuenta de que el abordaje es complejo y que las soluciones no van a llegar de un solo lugar, sino desde la sinergia entre todos los actores. Hay mucho para trabajar”, concluyó.